Corea del Sur anunció un retraso en la introducción de su impuesto sobre las ganancias de capital de criptomonedas hasta 2029, extendiendo el período libre de impuestos por dos años mientras las autoridades planean fortalecer la supervisión regulatoria y conectar los datos de los exchanges con Estados Unidos, informa yna.co.kr.
El ministro de Finanzas, Lee Hyoung-il, anunció la propuesta el jueves, reconociendo que el gobierno pospondría el controvertido impuesto ya por cuarta vez.
Originalmente, la política estaba programada para entrar en vigor en enero de 2022: impondría un impuesto del 22%, impuesto sobre la renta local, sobre todas las ganancias relacionadas con criptomonedas que superen los 2,5 millones de wones.
Incertidumbre regulatoria e implicaciones de mercado
Si bien el retraso propuesto podría proporcionar un alivio para el mercado de criptomonedas surcoreano e incluso apoyar la actividad comercial nacional, sigue siendo un factor de riesgo sustancial tanto para los inversores locales como para los extranjeros.
Los funcionarios argumentan que implementar el impuesto antes de que los sistemas internacionales de intercambio de información entren en funcionamiento podría perjudicar a los exchanges locales y complicar la aplicación de la ley contra la actividad comercial en el extranjero.
Las obligaciones fiscales futuras no van a eliminarse; un tiempo adicional para desarrollar una red tributaria integral es más probable que imponga aún más limitaciones a los inversores en el futuro, en lugar de una implementación prematura con diversas lagunas legales.
El gobierno también tiene la intención de introducir disposiciones que permitan a los inversores trasladar las pérdidas de inversión en criptomonedas hasta por tres años, lo que podría reducir las ganancias imponibles en períodos posteriores.
Una mayor regulación de las criptomonedas sigue siendo una prioridad
Corea del Sur también va a establecer un grupo de trabajo separado que perfeccionará aún más las reglas tributarias y, con suerte, simplificará los requisitos de declaración para los inversores, considerando la complejidad de declarar transacciones de activos digitales y a los operadores en los exchanges.
Se espera que las enmiendas legislativas lleguen a la Asamblea Nacional en 2027.
Las autoridades informaron de la coordinación continua con la Comisión de Servicios Financieros para acelerar la legislación sobre activos digitales, proporcionando más transparencia y protección a los inversores.
Para la industria en general, la extensión propuesta es más bien una etapa de transición que debería mejorar la competitividad del mercado de activos digitales, a pesar de introducir una aplicación fiscal más estricta. Desafortunadamente para los inversores minoristas, crea otra barrera que podría alejar aún más los fondos nuevos de la industria.
